La Asociaci\u00f3n Argentina de Salud Mental (AASM) solicit\u00f3 una opini\u00f3n t\u00e9cnica a la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud (OMS) y a la Organizaci\u00f3n Panamericana de la Salud (OPS) sobre el proyecto de modificaci\u00f3n de ocho art\u00edculos de la Ley Nacional de Salud Mental remitido al Congreso por el gobierno nacional argentino.
\nLa respuesta contiene un informe t\u00e9cnico que desaconseja los cambios propuestos y sostiene que la ley actual cumple con todos los est\u00e1ndares, tratados, convenciones y acuerdos internacionales asumidos por el Estado argentino ante los diferentes organismos internacionales de salud y de derechos humanos de los que nuestro pa\u00eds forma parte y se comprometi\u00f3 a cumplir.
\nLa AASM reafirm\u00f3 que “Tenemos la convicci\u00f3n de que de llevarse a cabo esta reforma propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional pondr\u00eda en riesgo el principio de autonom\u00eda y las libertades individuales de las personas por la sola presunci\u00f3n de padecer problem\u00e1ticas de salud mental y adicciones, como as\u00ed tambi\u00e9n cambiar\u00eda el paradigma actual por uno basado en el encierro, la judicializaci\u00f3n y la exclusi\u00f3n de las personas que transitan problem\u00e1ticas de salud mental”.
\nA continuaci\u00f3n se ofrece el texto completo del Informe remitido por la OPS\/OMS:
\n<\/p>\n
Los comentarios<\/strong> Antecedentes normativos<\/strong><\/p>\n La Ley Nacional de Salud Mental, aprobada en 2010 y reglamentada tres a\u00f1os despu\u00e9s, busca promover una mejor inserci\u00f3n social y laboral de las personas con padecimiento mental a trav\u00e9s de una progresiva sustituci\u00f3n de los hospitales monovalentes por sistemas de atenci\u00f3n integral en red e integrados en el sistema de salud, y dispositivos de base comunitaria, garantizando los derechos civiles de sus usuarios.<\/p>\n La norma est\u00e1 alineada con el Plan de Acci\u00f3n Integral de Salud Mental de la OMS [1], que promueve un modelo comunitario de atenci\u00f3n, con ejes como la integraci\u00f3n de la salud mental en la atenci\u00f3n primaria y hospitales generales, el desarrollo de una red de servicios comunitarios, la participaci\u00f3n social, la coordinaci\u00f3n intersectorial y el abordaje de derechos humanos. Tambi\u00e9n se alinea con el reciente informe de la Comisi\u00f3n de Alto Nivel sobre Salud Mental de la OPS [2] y con la Estrategia para mejorar la salud mental y la prevenci\u00f3n del suicidio en la Regi\u00f3n de las Am\u00e9ricas [3].<\/p>\n Dicha ley ha significado un avance regional al adoptar est\u00e1ndares internacionales sobre derechos humanos que Argentina ha suscrito, como la Convenci\u00f3n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad [4], actualmente vigente en el pa\u00eds. Brechas persistentes en la implementaci\u00f3n efectiva<\/strong><\/p>\n La evidencia disponible a nivel regional y global sugiere que las internaciones involuntarias deben reservarse \u00fanicamente para casos excepcionales de riesgo inminente en que la persona no pueda comprender la necesidad de la medida. Asimismo, apunta a la necesidad de reemplazar las pr\u00e1cticas coercitivas en los servicios de salud mental por alternativas basadas en el respeto de los derechos humanos [5] y [6].<\/p>\n De acuerdo con la ley en vigor, los criterios diagn\u00f3sticos y las decisiones sobre los tratamientos deben tomarse por el equipo de salud interdisciplinario, mientras que el rol del sistema judicial se limita a garantizar el cumplimiento de las salvaguardias establecidas para las internaciones involuntarias, las cuales constituyen la \u00faltima ratio [7]. Si bien la internaci\u00f3n involuntaria implica una restricci\u00f3n al derecho a la libertad personal, la ley fija causales acotadas y taxativas, as\u00ed como estrictos mecanismos de control y plazos m\u00e1ximos [7]. Ello busca prevenir abusos y garantizar una utilizaci\u00f3n excepcional y proporcionada de dicha medida.<\/p>\n Para responder integralmente a la problem\u00e1tica de la salud mental, la ley ordena sustituir el viejo modelo centrado en instituciones psiqui\u00e1tricas por una red de dispositivos comunitarios, innovadores e inclusivos, a lo largo de los diversos niveles de resoluci\u00f3n del sistema de salud [7]. Sin embargo, existe todav\u00eda una notable demora en el desarrollo de servicios de salud mental de segundo nivel de base comunitaria, en la integraci\u00f3n de \u00e9stos a las redes de salud de primer nivel, que deber\u00edan ser la base del sistema y con hospitales generales, as\u00ed como en la sustituci\u00f3n de los monovalentes. Por lo tanto, en la actualidad hay una brecha importante entre los contenidos de la ley y su implementaci\u00f3n efectiva, lo que pareciera marcar la necesidad de avanzar en la activaci\u00f3n del cumplimiento legal, el fortalecimiento de la inversi\u00f3n y de la respuesta sanitaria en salud mental.<\/p>\n Las instituciones psiqui\u00e1tricas de larga estad\u00eda se han asociado hist\u00f3ricamente a violaciones de derechos humanos, cuidados de baja calidad y pocas expectativas de mejor\u00eda e inclusi\u00f3n social para las personas internadas [5]. La transformaci\u00f3n del sistema requiere reorientar progresivamente los recursos existentes desde los monovalentes hacia servicios integrados en la comunidad [8], que permitan abordajes integrales y centrados en las personas [1].<\/p>\n La tensi\u00f3n en el sistema de salud argentino deriva de que mientras disminuyen las camas en los monovalentes, los dispositivos alternativos para atender los problemas de salud mental y de consumos problem\u00e1ticos son insuficientes, y buena parte de los recursos quedan restringidos a los hospitales monovalentes. Para la transformaci\u00f3n se requiere financiamiento adecuado, destinando m\u00e1s fondos a la salud mental y reforzando la externaci\u00f3n y reducci\u00f3n de camas en hospitales psiqui\u00e1tricos [9]. El desaf\u00edo es priorizar los derechos y un abordaje integral y comunitario que permita a las personas tener un futuro pleno en la sociedad [2].<\/p>\n Cambios a la Ley Nacional de Salud Mental<\/strong><\/p>\n Frente a los posibles cambios sugeridos a la Ley Nacional de Salud Mental, se remarca que ciertas modificaciones podr\u00edan exacerbar las dificultades ya existentes en la implementaci\u00f3n efectiva y contravenir est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos [4]:<\/p>\n La modificaci\u00f3n del Art. 5, al permitir que un Juez pueda decidir la internaci\u00f3n sin evaluaci\u00f3n previa del equipo interdisciplinario de salud, facilita internaciones involuntarias sin sustento cient\u00edfico\/sanitario, y contradice el Art. 12 de la Convenci\u00f3n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), sobre igual reconocimiento como persona ante la ley.<\/p>\n La modificaci\u00f3n del Art. 11, reduce el foco en el abordaje comunitario y habilita comunidades La modificaci\u00f3n propuesta del Art. 20 ampl\u00eda las causales para la internaci\u00f3n involuntaria, y establece que se requiere la firma de un solo profesional, en lugar de al menos dos, como es en la actual ley, para solicitar o continuar un tratamiento involuntario. Impacta en mayor medicalizaci\u00f3n, judicializaci\u00f3n e institucionalizaci\u00f3n. Contradice los Arts. 14 y 25 de la CDPD sobre derechos a la libertad, integridad personal y consentimiento informado.<\/p>\n La modificaci\u00f3n del Art. 22, al eliminar la posibilidad de que el defensor solicite la externaci\u00f3n, tiende a perpetuar internaciones prolongadas y limita el derecho de defensa de los usuarios, contraviniendo los Arts. 12 y 13 de la CDPD.<\/p>\n La modificaci\u00f3n del Art. 23, facilita la extensi\u00f3n de la internaci\u00f3n involuntaria y restringe la libertad de circulaci\u00f3n de las personas internadas y contradice el Art. 14 de la CDPD sobre derecho a la libertad y seguridad personal.<\/p>\n La modificaci\u00f3n del Art. 27, elimina la prohibici\u00f3n de crear nuevos monovalentes, frenando el proceso de reforma hacia un modelo comunitario de salud mental. Contradice el principio de progresividad y no regresividad en el Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales (DESC).<\/p>\n La modificaci\u00f3n al Art. 28, habilita las internaciones en monovalentes y desplaza aquellas en Hospitales Generales, recomendadas por la ley vigente. Contradice los Arts. 19, 25 y 26 de la CDPD, sobre derechos a vivir de forma independiente, a la salud y a la habilitaci\u00f3n y rehabilitaci\u00f3n.<\/p>\n La modificaci\u00f3n del Art. 39 cambia la composici\u00f3n del \u00d3rgano de Revisi\u00f3n, excluyendo la representaci\u00f3n de usuarios, familiares y sociedad civil, desdibujando su funci\u00f3n de control y protecci\u00f3n de derechos. Limita la participaci\u00f3n de usuarios y sociedad civil, contraviniendo los Arts. 3 y 4 de la CDPD.<\/p>\n La OPS\/OMS reitera su compromiso con Argentina para alcanzar sus metas en la promoci\u00f3n, mantenimiento y cuidado de la salud mental de la poblaci\u00f3n, y se pone a disposici\u00f3n para brindar la cooperaci\u00f3n t\u00e9cnica necesaria con miras a implementar efectivamente los est\u00e1ndares de la legislaci\u00f3n vigente.<\/p>\n Lista de Referencias<\/strong><\/p>\n [1] Plan de Acci\u00f3n Integral sobre Salud Mental 2013 – 2030, refrendado por la 74.\u00aa Asamblea Mundial de la Salud en su decisi\u00f3n WHA74(14); 2013. Disponible en: https:\/\/iris.who.int\/bitstream\/handle\/10665\/357847\/9789240050181-spa.pdf?sequence=1<\/p>\n [2] Informe de la Comisi\u00f3n de Alto Nivel sobre Salud Mental y COVID-19. Washington, DC: OPS; 2022. Disponible en: https:\/\/iris.paho.org\/bitstream\/handle\/10665.2\/57504\/9789275327265_spa.pdf?sequence=2&isA llowed=y<\/p>\n [3] Estrategia para mejorar la salud mental y la prevenci\u00f3n del suicidio en la Regi\u00f3n de las Am\u00e9ricas, Resoluci\u00f3n CD60\/9, 75.a Sesi\u00f3n del Comit\u00e9 Regional de la OMS para las Am\u00e9ricas. Washington, DC: OPS; 2023. Disponible en: [4] Convenci\u00f3n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nueva York: ONU; 2006. [6] Bringing together the World Health Organization’s QualityRights initiative and the World Psychiatric Association’s programme on implementing alternatives to coercion in mental healthcare: a common goal for action; Cambridge University Press; 2024. Disponible en: https:\/\/www.cambridge.org\/core\/journals\/bjpsych-open\/article\/bringing-together-the-world-health- organizations-qualityrights-initiative-and-the-world-psychiatric-associations-programme-on- implementing-alternatives-to-coercion-in-mental-healthcare-a-common-goal-for- action\/FCF38718F1061A20CCED229C2C170588<\/p>\n [7] Ley Nacional de Salud Mental No 26.657. Buenos Aires: Congreso de la Naci\u00f3n Argentina; 2010. Disponible en: [8] Resoluci\u00f3n 43\/13 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre salud mental y derechos humanos (2020). Disponible en: [9] Mental health, human rights and legislation: guidance and practice. Ginebra: OMS\/ACNUDH; 2023. Disponible en: https:\/\/www.who.int\/publications\/i\/item\/9789240080737<\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Asociaci\u00f3n Argentina de Salud Mental (AASM) solicit\u00f3 una opini\u00f3n t\u00e9cnica a la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud (OMS) y a la Organizaci\u00f3n Panamericana de la Salud (OPS) sobre el proyecto de modificaci\u00f3n de ocho art\u00edculos de la Ley Nacional de Salud Mental remitido al Congreso por el gobierno nacional argentino. 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\nNos complace compartir el documento adjunto elaborado de manera conjunta por los
\nresponsables t\u00e9cnicos de la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud (OMS), en Ginebra, Suiza; la
\nOrganizaci\u00f3n Panamericana de la Salud, Oficina Regional de la OMS para las Am\u00e9ricas, en
\nWashington, D.C., y la oficina de pa\u00eds de la OPS\/OMS en la Argentina.
\nFirma: Dra. Eva Jan\u00e9 Llopis (Representante de la OPS\/OMS en la Argentina)<\/p>\n
\nLa ley regula, entre otros aspectos, los procesos de internaci\u00f3n involuntaria para prevenir abusos y garantizar derechos. La internaci\u00f3n debe considerarse una herramienta excepcional frente a crisis, realizarse en per\u00edodos breves y con consentimiento informado previo.<\/p>\n
\nterap\u00e9uticas, limitando el modelo comunitario de atenci\u00f3n y contradiciendo el Art. 19 de la CDPD sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad.<\/p>\n
\nhttps:\/\/www.paho.org\/es\/documentos\/ce17217-estrategia-para-mejorar-salud-mental- prevencion-suicidio-region-americas<\/p>\n
\nDisponible en: https:\/\/www.un.org\/esa\/socdev\/enable\/documents\/tccconvs.pdf
\n [5] Informe Mundial sobre Salud Mental: transformar la salud mental para todos. Ginebra: OMS; 2022. Disponible en: https:\/\/iris.paho.org\/bitstream\/handle\/10665.2\/57878\/9789275327715_spa.pdf?sequence=5&isA llowed=y<\/p>\n
\nhttps:\/\/servicios.infoleg.gob.ar\/infolegInternet\/anexos\/175000-179999\/175977\/norma.htm<\/p>\n
\nhttps:\/\/documents-dds- ny.un.org\/doc\/UNDOC\/GEN\/G20\/159\/05\/PDF\/G2015905.pdf?OpenElement<\/p>\n