{"id":5092,"date":"2026-06-22T18:50:42","date_gmt":"2026-06-22T21:50:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.coopmargen.ar\/wp\/?p=5092"},"modified":"2026-06-22T18:50:42","modified_gmt":"2026-06-22T21:50:42","slug":"nuevo-regimen-penal-juvenil-en-argentina-la-necesidad-de-disputar-sentidos-en-un-escenario-regresivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.coopmargen.ar\/wp\/?p=5092","title":{"rendered":"Nuevo r\u00e9gimen penal juvenil en Argentina: la necesidad de disputar sentidos en un escenario regresivo"},"content":{"rendered":"

Por Lucas Andr\u00e9s Bustos<\/span><\/p>\n

La reciente sanci\u00f3n de la Ley 27801 <\/span>de<\/span> R\u00e9gimen penal juvenil <\/span>(2026), <\/span>que establece la baja de la edad de punibilidad en Argentina, impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional y acelerada por el impacto de casos medi\u00e1ticos de delitos cometidos por adolescentes se produjo en un contexto de escasa deliberaci\u00f3n p\u00fablica y limitada participaci\u00f3n de especialistas en la materia. Este proceso legislativo redujo una problem\u00e1tica compleja a una ecuaci\u00f3n simplificada entre edad y castigo, omitiendo los desarrollos te\u00f3ricos y emp\u00edricos provenientes de los campos jur\u00eddico, psicosocial y criminol\u00f3gico.<\/span><\/span><\/p>\n

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Diversos actores institucionales -organizaciones de derechos humanos, defensor\u00edas de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, profesionales de la salud y la educaci\u00f3n, operadores judiciales, universidades y organismos internacionales- han manifestado un amplio consenso en oposici\u00f3n a la reducci\u00f3n de la edad de imputabilidad penal. Dicho posicionamiento se fundamenta en evidencia que indica que este tipo de reformas no s\u00f3lo resultan ineficaces para disminuir el delito sino que tienden a profundizar las condiciones estructurales que lo producen (Due\u00f1as, 2026).<\/span><\/span><\/p>\n

En este marco, el presente trabajo se propone analizar cr\u00edticamente la reforma desde una perspectiva interdisciplinaria, articulando fundamentos jur\u00eddicos y psicosociales, as\u00ed como experiencias concretas de intervenci\u00f3n, con el objetivo de contribuir a la disputa de sentidos en torno al r\u00e9gimen penal juvenil.<\/span><\/span><\/p>\n

Fundamentos jur\u00eddicos: entre la regresividad normativa y la tensi\u00f3n convencional<\/b><\/span><\/span><\/p>\n

El sistema jur\u00eddico argentino en materia de ni\u00f1ez y adolescencia encuentra su pilar fundamental en la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o <\/span>de<\/span> 1989 <\/span>(UNICEF, 2006<\/span>), incorporada con jerarqu\u00eda constitucional a partir de la reforma <\/span>de la Constituci\u00f3n Nacional <\/span>de 1994 (art. 75 inc. 22). Este instrumento consagra la Doctrina de la Protecci\u00f3n Integral, desplazando el paradigma tutelar de la \u201csituaci\u00f3n irregular\u201d y reconociendo a ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes como sujetos plenos de derechos.<\/span><\/span><\/p>\n

En este marco, la Convenci\u00f3n establece la obligaci\u00f3n de los Estados de fijar una edad m\u00ednima de responsabilidad penal por debajo de la cual se presume la inimputabilidad, as\u00ed como la implementaci\u00f3n de sistemas de justicia juvenil especializados que prioricen medidas socioeducativas por sobre la privaci\u00f3n de libertad.<\/span><\/span><\/p>\n

En Argentina, la edad m\u00ednima de punibilidad fue fijada en 16 a\u00f1os por la Ley 22.278 <\/span>(<\/span>1980<\/span>)<\/span>, normativa que aun siendo cuestionada por organismos internacionales, se inscrib\u00ed<\/span>a<\/span> dentro de los est\u00e1ndares m\u00ednimos de protecci\u00f3n. La reducci\u00f3n de dicha edad a 14 o 13 a\u00f1os implica un claro retroceso normativo, al ampliar el alcance del sistema penal hacia sujetos en pleno proceso de desarrollo (Due\u00f1as, 2026). Asimismo, esta medida resulta tensionante respecto de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, pudiendo ser considerada contraria al bloque de constitucionalidad vigente. En lugar de profundizar un sistema penal juvenil especializado, la reforma tiende a aproximar a los adolescentes a l\u00f3gicas propias del sistema penal adulto, hist\u00f3ricamente cuestionadas por su ineficacia y por las violaciones a derechos que conllevan (<\/span>Mart\u00edn <\/span>Aimar, 2021).<\/span><\/span><\/p>\n

Por otra parte, resulta relevante destacar que en el plano subnacional existen desarrollos normativos que avanzan en sentido contrario. En la provincia de La Pampa, por ejemplo, la Ley 3353 de Responsabilidad Penal Juvenil <\/span>(2021)<\/span> promueve mecanismos alternativos al castigo punitivo, priorizando la justicia restaurativa, las medidas en territorio y la inclusi\u00f3n social. En este sistema, la privaci\u00f3n de libertad se configura como \u00faltima ratio, limitada a delitos graves y con un plazo m\u00e1ximo de tres meses.<\/span><\/span><\/p>\n

Desde esta perspectiva, la baja de la edad de punibilidad no s\u00f3lo constituye una medida regresiva sino tambi\u00e9n anacr\u00f3nica y contradictoria con la evoluci\u00f3n normativa reciente (Marc\u00f3n, 2026).<\/span><\/span><\/p>\n

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Fundamentos psicosociales: desarrollo, subjetividad y contexto<\/b><\/span><\/span><\/p>\n

Desde el campo de la psicolog\u00eda, m\u00faltiples enfoques coinciden en la necesidad de un tratamiento jur\u00eddico diferenciado para adolescentes, en virtud de las particularidades de su desarrollo cognitivo, emocional y social.<\/span><\/span><\/p>\n

El psicoan\u00e1lisis conceptualiza la adolescencia como un per\u00edodo de reorganizaci\u00f3n subjetiva, atravesado por procesos de duelo, construcci\u00f3n identitaria y b\u00fasqueda de l\u00edmites. En este contexto, la conducta transgresora puede constituir una manifestaci\u00f3n de malestar ps\u00edquico -un acting out- m\u00e1s que una decisi\u00f3n plenamente racional. La intervenci\u00f3n punitiva, desprovista de un abordaje subjetivante, puede consolidar identificaciones negativas y fijar trayectorias delictivas (Due\u00f1as, 2026).<\/span><\/span><\/p>\n

Desde la psicolog\u00eda gen\u00e9tica se sostiene que las capacidades de pensamiento abstracto, anticipaci\u00f3n de consecuencias y razonamiento moral se consolidan hacia el final de la adolescencia. En consecuencia, la atribuci\u00f3n de responsabilidad penal equiparable a la de un adulto desconoce estas limitaciones evolutivas.<\/span><\/span><\/p>\n

Por su parte, las teor\u00edas socioculturales subrayan el car\u00e1cter mediado del desarrollo. La conducta individual se configura en interacci\u00f3n con el entorno social, particularmente en contextos de vulnerabilidad <\/span>en los que<\/span> las oportunidades de desarrollo se encuentran restringidas. En estos escenarios, la transgresi\u00f3n puede emerger como una forma de adaptaci\u00f3n a condiciones adversas, en ausencia de mediaciones institucionales positivas.<\/span><\/span><\/p>\n

Asimismo, la perspectiva de g\u00e9nero permite advertir que la mayor\u00eda de los adolescentes involucrados en procesos penales son varones cuyas conductas pueden interpretarse en relaci\u00f3n con mandatos de masculinidad hegem\u00f3nica que valorizan la fuerza, la autosuficiencia y la provisi\u00f3n econ\u00f3mica, incluso a trav\u00e9s de medios ilegales (Sarmiento, 2025).<\/span><\/span><\/p>\n

Vulnerabilidad psicosocial y selectividad penal<\/b><\/span><\/span><\/p>\n

Las trayectorias de los adolescentes en conflicto con la ley penal suelen estar marcadas por m\u00faltiples vulneraciones previas: violencia intrafamiliar, exclusi\u00f3n educativa, precariedad econ\u00f3mica, consumo problem\u00e1tico de sustancias y ausencia de pol\u00edticas p\u00fablicas sostenidas (N\u00fa\u00f1ez et al., 2012).<\/span><\/span><\/p>\n

En este sentido, la intervenci\u00f3n del sistema penal aparece frecuentemente como el primer contacto efectivo del Estado con estos sujetos, pero lo hace de manera tard\u00eda y bajo una l\u00f3gica sancionatoria. Esta situaci\u00f3n revela una inversi\u00f3n de prioridades: los adolescentes conocen primero la dimensi\u00f3n punitiva del Estado antes que su dimensi\u00f3n garante de derechos.<\/span><\/span><\/p>\n

La reducci\u00f3n de la edad de punibilidad opera, en este contexto, como un mecanismo de culpabilizaci\u00f3n de la \u201cv\u00edctima final\u201d de un proceso de exclusi\u00f3n estructural. Este fen\u00f3meno se inscribe en un paradigma individualista que atribuye el delito a decisiones personales aisladas, invisibilizando las condiciones sociales que lo producen (Due\u00f1as, 2026).<\/span><\/span><\/p>\n

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La falacia punitiva y las condiciones de encierro<\/b><\/span><\/span><\/p>\n

La evidencia emp\u00edrica disponible indica que la ampliaci\u00f3n del sistema penal no reduce los niveles de violencia ni mejora la seguridad. Por el contrario, los dispositivos de encierro en contextos urbanos de gran poblaci\u00f3n presentan graves deficiencias: hacinamiento, violencia institucional, ausencia de programas educativos y escasez de profesionales especializados.<\/span><\/span><\/p>\n

En este marco, la privaci\u00f3n de libertad de adolescentes no s\u00f3lo resulta ineficaz sino que puede operar como una instancia de profundizaci\u00f3n de trayectorias delictivas, al constituirse en espacios de socializaci\u00f3n en la violencia.<\/span><\/span><\/p>\n

La experiencia de la provincia de La Pampa ofrece un contrapunto relevante al limitar el uso del encierro y promover intervenciones socioeducativas en territorio, con resultados m\u00e1s favorables en t\u00e9rminos de inclusi\u00f3n social.<\/span><\/span><\/p>\n

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Alternativas: hacia un modelo socioeducativo y restaurativo<\/b><\/span><\/span><\/p>\n

Frente a la insuficiencia del paradigma punitivo se propone fortalecer un modelo de responsabilidad penal juvenil basado en enfoques socioeducativos y restaurativos. Este modelo implica la creaci\u00f3n de peque\u00f1os y especializados dispositivos de atenci\u00f3n intensiva, la conformaci\u00f3n de equipos interdisciplinarios y el dise\u00f1o de proyectos educativos y terap\u00e9uticos individualizados.<\/span><\/span><\/p>\n

<\/a> Asimismo, resulta central la construcci\u00f3n de v\u00ednculos socioeducativos significativos que posibiliten procesos de subjetivaci\u00f3n e inclusi\u00f3n social (Gomes Da Costa, 1995). La implementaci\u00f3n de estrategias progresivas de inclusi\u00f3n, junto con mecanismos de reparaci\u00f3n simb\u00f3lica y comunitaria, constituye un eje fundamental de estas intervenciones.<\/span><\/span><\/p>\n

Estas estrategias, lejos de constituir respuestas \u201cblandas\u201d, demandan mayores niveles de inversi\u00f3n, planificaci\u00f3n y compromiso institucional, pero resultan m\u00e1s eficaces para interrumpir ciclos de violencia.<\/span><\/span><\/p>\n

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La disputa de sentidos en el escenario posreforma<\/b><\/span><\/span><\/p>\n

La sanci\u00f3n de la ley no agota el proceso pol\u00edtico-jur\u00eddico. Por el contrario, abre una etapa clave de disputa interpretativa. Como ha sido se\u00f1alado en la teor\u00eda jur\u00eddica cr\u00edtica, las normas adquieren sentido en su aplicaci\u00f3n y los m\u00e1rgenes de ambig\u00fcedad habilitan lecturas divergentes (Segato, 2003).<\/span><\/span><\/p>\n

En este contexto, los aportes recientes advierten que los \u201csilencios normativos\u201d constituyen espacios <\/span>en los que<\/span> se definen pr\u00e1cticas concretas que pueden ampliar o restringir derechos (Marc\u00f3n, 2026). De este modo, cada resoluci\u00f3n judicial, cada intervenci\u00f3n profesional y cada protocolo institucional se constituyen en instancias <\/span>en lasque<\/span> se disputa el sentido efectivo de la ley.<\/span><\/span><\/p>\n

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Conclusiones<\/b><\/span><\/span><\/p>\n

La reducci\u00f3n de la edad de punibilidad en Argentina constituye un retroceso en t\u00e9rminos jur\u00eddicos, sociales y pol\u00edticos. Lejos de ofrecer soluciones a la problem\u00e1tica de la violencia, profundiza las condiciones que la generan y ampl\u00eda un sistema penal cuya eficacia ha sido ampliamente cuestionada.<\/span><\/span><\/p>\n

La seguridad, entendida en sentido integral, no puede construirse a partir de respuestas punitivas simplificadas sino mediante pol\u00edticas p\u00fablicas sostenidas que garanticen derechos, reduzcan desigualdades y fortalezcan los dispositivos socioeducativos.<\/span><\/span><\/p>\n

En este escenario, la disputa de sentidos en torno al r\u00e9gimen penal juvenil se vuelve central. No se trata \u00fanicamente de una discusi\u00f3n normativa sino de una definici\u00f3n sobre el tipo de sociedad que se pretende construir y sobre el lugar que en ella ocupan las infancias y adolescencias.<\/span><\/span><\/p>\n

La respuesta no radica en castigar m\u00e1s temprano sino en intervenir de manera oportuna, integral y sostenida. En definitiva, se trata de asumir la responsabilidad colectiva de no abandonar tempranamente a quienes a\u00fan se encuentran en proceso de desarrollo.<\/span><\/span><\/p>\n

Bibliograf\u00eda<\/b><\/span><\/span><\/p>\n

Constituci\u00f3n de la Naci\u00f3n Argentina (1994). https:\/\/servicios.infoleg.gob.ar\/infolegInternet\/anexos\/0-4999\/804\/norma.htm<\/span><\/span><\/p>\n

Due\u00f1as, G. (2026, 27 de enero). <\/span>La edad de imputabilidad: un debate entre el castigo y la protecci\u00f3n integral en Argentina<\/i><\/span>. Facebook, 27 de enero de 2026. https:\/\/www.facebook.com\/gabriela.duenas.754\/posts\/la-edad-de-imputabilidad-un-debate-entre-el-castigo-y-la-protecci\u00f3n-integral-en-\/3189852087851396\/<\/span><\/span><\/p>\n

Gomes da Costa, A. (1995). <\/span>Pedagog\u00eda de la presencia<\/i><\/span>. Ed. Losada, Buenos Aires.<\/span><\/span><\/p>\n

Ley <\/span>Nacional<\/span> N\u00ba <\/span>22.278. <\/span>Minoridad, <\/i><\/span>R\u00e9<\/i><\/span>gimen <\/i><\/span>P<\/i><\/span>enal.<\/i><\/span> https:\/\/www.argentina.gob.ar\/normativa\/nacional\/ley-22278-114167\/actualizacion<\/span><\/span><\/p>\n

Ley <\/span>Nacional N\u00ba <\/span>27801 <\/span>Rep\u00fablica Argentina (2026). <\/span>R\u00e9gimen Penal Juvenil<\/i><\/span>. https:\/\/www.boletinoficial.gob.ar\/detalleAviso\/primera\/339193\/20260309<\/span><\/span><\/p>\n

Ley <\/span>provincial <\/span>N\u00ba 3.353 <\/span>La Pampa (2021). <\/span>Procedimiento <\/span>P<\/span>enal para <\/span>A<\/span>dolescentes. https:\/\/asesorialetradadegobierno.lapampa.gob.ar\/images\/stories\/Archivos\/AsesoriaLetrada\/Ley_3353.pdf<\/span><\/span><\/p>\n

Mart\u00edn Aimar, G. (2021). Ni menores, ni j\u00f3venes, ni conflictivos, ni locos. Editorial IUS, Buenos Aires. <\/span><\/span><\/p>\n

Marc\u00f3n, O. (2026). <\/span><\/span>Justicia juvenil. Disputar sentidos<\/i><\/span><\/span>. <\/span><\/span>Cuesti\u00f3n social. <\/span><\/span>https:\/\/cuestionsocial.ar\/noticia.php?id=107<\/span><\/span><\/p>\n

N\u00fa\u00f1ez, R.A.; M\u00fcller, C.; Hoffmann, X.; Vallejos, C.; Innamoratto, M.G.; Canavessi, J.J.; Palacio, E. <\/span>&<\/span> Krausse, M. (2012 ). <\/span>Inseguridad social, j\u00f3venes vulnerables y delito urbano. Experiencia de una pol\u00edtica p\u00fablica y gu\u00eda metodol\u00f3gica para la intervenci\u00f3n<\/i><\/span>. Editorial Espacio, Buenos Aires. <\/span><\/span><\/p>\n

Sarmiento, L. (2025). <\/span>Adolescentes\u00a0obedientes\u00a0en\u00a0la\u00a0justicia\u00a0penal\u00a0juvenil:\u00a0an\u00e1lisis\u00a0desde\u00a0una\u00a0perspectiva\u00a0de\u00a0g\u00e9nero. <\/i><\/span>Ponencia presentada en el III Precongreso Penal Adolescente y Juvenil, <\/span>provincia de <\/span>San Juan, <\/span>Argentina<\/span>.<\/span><\/span><\/p>\n

Segato, R. (2003).<\/span><\/span> Las estructuras elementales de la violencia: Ensayos sobre g\u00e9nero, entre la antropolog\u00eda, el psicoan\u00e1lisis y los derechos humanos<\/i><\/span><\/span>. Universidad Nacional de Quilmes, <\/span><\/span>Argentina.<\/span><\/span><\/p>\n

UNICEF (2006). Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o<\/i>. https:\/\/www.un.org\/es\/events\/childrenday\/pdf\/derechos.pdf<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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