Por Gustavo Adolfo Gramajo (Trabajador Social)
Hace doce años que participo en el sistema de adopción. Allí me desempeño como trabajador social. Aquí aporto algunas viñetas sobre ese aprendizaje e intervención.
He podido rectificar algunas palabras que se han naturalizado y que se usan en forma corriente, para imprimirles un nuevo significado a partir de una concepción diferente a la hegemónica en el campo forense.
Las situaciones de la crianza de niñxs fuera del sistema legal deben llamarse apropiaciones. Cuando en el imaginario social -y también en el territorio judicial- se propaga la versión de que una familia recibió a un niño o una niña, utilizo la expresión “apropiaron un niño o una niña”. Sí, porque quienes pueden quedarse con el niño o niña -y aquellos que ofician de intermediarios- se encuentran en situación de superioridad frente a las familias que deben desistir de esa crianza.
El lenguaje ha construido a tales mujeres, madres principalmente, como quienes deciden desprenderse de sus hijos o hijas porque tienen clara conciencia de tal desentendimiento. Paralelamente, se ve como que es de “buena gente” recibir a estxs niñxs abandonadxs por esas madres activas en su descuido, calificándolas como abandónicas.
No, no hay contrato posible de partes iguales u homologables entre ellos. Hay desigualdad inequiparable. Siempre les está vedada a estas mujeres la voluntad o decisión, en el sentido del individualismo filosófico. Perpetrado el acto, dejan de existir; son desaparecidas.
También, y desde una perspectiva de parecidos de familia, se puede establecer parangón entre esas apropiaciones que obran fuera de la ley y se ocultan, con aquellos hechos enmarcados en el Terrorismo de Estado durante la dictadura militar de 1976-1983.
La gestión de Abuelas de Plaza de Mayo ha develado el contraste siniestro detrás de las apropiaciones de niños y niñas a quienes se criaba con la conciencia de haber eliminado para siempre a sus padres, a su madre, sin dejar rastros, haciéndolo con médicos y una trama eclesiástica laical que refrendaba el ominoso crimen de desaparecer a quienes denominaban subversivos, criando a sus hijos con identidades falsas y desquiciando -desde el terror- su construcción identitaria.
Lxs niñxs en estado de adoptabilidad son -en un alto porcentaje- hijos e hijas de familias de extrema vulnerabilidad que viven en condiciones sociales de inequidad. Al respecto, he fundamentado siempre que la pobreza, la exclusión, el empobrecimiento, nunca son producto de acción voluntaria y subjetiva de quienes la viven y padecen, sino que sobre ellos hay siempre un agente externo: es decir que son hechos pobres. Son hechos pobres por acciones explícitas, como las del actual Estado gobernado por la alianza Cambiemos, de carácter neoliberal, que aplica políticas de mercado, de ajuste y represión, para favorecer la concentración de riqueza, atropellando salvajemente el sistema de derechos logrados en la década anterior y en los periodos de gobiernos democráticos y populares.
El ser hechos pobres los coloca en un estado de indefensión y aislamiento respecto a la normalidad establecida en las instituciones de la República. En el plano moralista -y hasta religioso- se ha actuado con estos sectores desde la beneficencia y la caridad y sólo los gobiernos populares restituyeron derechos en un sentido de justicia. En el sistema de adopción hay un cierto criterio de extracción del Estado que se hace sentir más sobre aquellxs ciudadanxs que no pueden sostener la crianza, aún a pesar de las garantías que vino a proveer sobre niños, niñas y adolescentes y sus familias la Ley 26061 en el marco de la Convención de los Derechos del Niño.
En las discusiones sobre la ley de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo -dispositivo con media sanción en Cámara de Diputados de la Nación, por el cual las mujeres podrán decidir sobre su propia subjetividad ya no sujetada a la heteronorma patriarcal- un sector ultraconservador, religioso o moralista, fundamentalista anti derechos, ha apelado a arremeter nuevamente sobre las mujeres invisibilizadas históricamente, ahora coaccionando -de modo extorsivo con argumentos metafísicos- a resignarse y prolongar la gestación, planteando implementar mecanismos exógenos e invasivos que llaman solidarios y de contención, de acción simbólicamente residual, para que una vez nacido el niño o niña lo cedan en adopción -cuestión principal-. Y otra vez se cierne la cosificacion interminable sobre los cuerpos y subjetividades naturalizados como contingentes de la mujer específicamente pobre, objeto, despreciada por hombres y mujeres que nada les importa de su historia, dolores y deseos de ser.
Hoy, con el proyecto impusado por un sector de la sociedad que intenta impedir la sanción de una ley de política de salud social, se puede cometer otra violencia estatal que obture explícitamente la posibilidad de reconocer que detrás de las mujeres pobres se encuentra el derecho a ser ciudadanas, a visibilizarse como sujetas, a tener entidad propia y, como canta la murga uruguaya Falta y Resto, “…donde no falte nadie por ser mujer…”.
Nota:
Quise compartir este texto, que trata sobre la relación entre Adopción y aborto como tópicos que se vincularon en la discusión de la Ley de interrupción voluntaria de la gestación.
Es una propuesta que hago desde mi lugar como trabajador social, interviniendo en el registro de adopción del poder judicial, como militante de derechos humanos con adhesión a las consignas de género y de diversidad y como docente universitario de la carrera de trabajo social.