Por Lucas Andrés Bustos
La reciente sanción de la Ley 27801 de Régimen penal juvenil (2026), que establece la baja de la edad de punibilidad en Argentina, impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional y acelerada por el impacto de casos mediáticos de delitos cometidos por adolescentes se produjo en un contexto de escasa deliberación pública y limitada participación de especialistas en la materia. Este proceso legislativo redujo una problemática compleja a una ecuación simplificada entre edad y castigo, omitiendo los desarrollos teóricos y empíricos provenientes de los campos jurídico, psicosocial y criminológico.